Presidente peruano reclama su inocencia ante el Congreso
El presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, negó el martes su presunta participación en actos de corrupción y denunció a los políticos de la oposición por su campaña para destituirlo de su cargo.
El izquierdista Castillo hizo esas declaraciones ante el Congreso como parte de su estrategia de defensa. El Parlamento de una sola cámara debatirá su juicio político el 28 de marzo.
El jefe de Estado fue conciliador en su mensaje de 85 minutos. Instó a la oposición de derecha a buscar el consenso y poner fin a la animosidad que ha existido entre los poderes ejecutivo y legislativo durante los últimos cinco años.
“Mi gobierno ha sido blanco de acusaciones de medios y sectores políticos; quieren hacerle creer a la población que estamos inmersos en actos de corrupción, situación que rechazo rotundamente”, dijo Castillo.
“Hay un trabajo sistemático para cuestionar la legitimidad de la Presidencia y entorpecer la labor del Ejecutivo, con el único fin de dejar vacante al Presidente o buscar mecanismos para cortar su mandato [short]”, agregó.
Castillo también recordó que desde que ganó las elecciones en junio de 2021, sus adversarios de derecha se habían negado a aceptar su victoria en las urnas, alegando fraude a pesar de que observadores internacionales de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la La Unión Europea (UE) descartó irregularidades.
“Perú vive una crisis institucional sin precedentes”, insistió Castillo. “Busquemos puntos de coincidencia y consenso”, prosiguió.
El Congreso, dominado por la oposición de derecha, ha puesto contra las cuerdas a Castillo este lunes cuando acordó por 76 votos, 41 en contra y una abstención debatir un pedido de juicio político, similar al que provocó la caída del expresidente Pedro Pablo. Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020.
Para destituir a Castillo de su cargo, la oposición necesita 87 votos. Según los medios peruanos, ese número no parece probable que se alcance.
Esta es la segunda “moción para anular” contra Castillo desde que asumió el cargo en julio. El primer intento, en diciembre, no logró obtener suficientes votos de apoyo.
Castillo está acusado de presunta corrupción y también de “traición a la patria” por declararse abierto a un referéndum para otorgar a Bolivia una salida al Océano Pacífico. La desaprobación del presidente cayó en marzo al 66%, tres puntos por encima del 69% de febrero. Pero el rechazo del Congreso se sitúa en un 70%, según encuestas de Ipsos.