Grandes desafíos para la Colombia reformada prometió Petro
El presidente electo Gustavo Petro ganó con la promesa de generar un cambio social, económico y político profundo en Colombia, pero los desafíos son abrumadores. Actualmente, la OCDE estima que el PIB del país crecerá un 6,1% como resultado de un aumento del consumo posterior a la pandemia y la demanda internacional de combustibles fósiles debido a la invasión rusa de Ucrania.
Pero Colombia está luchando con la deuda pública más alta de su historia en 65% del PIB, mientras que la inflación anual ha aumentado a 9,6%. Peor aún, solo la mitad de la población tiene trabajos formales y solo una cuarta parte de los adultos elegibles tiene acceso al sistema de pensiones. Con la pandemia, años de estancamiento han sido seguidos por un aumento de la pobreza.
Las reformas fiscales del gobierno saliente dieron lugar a una protesta nacional de semanas, dejando al país con la necesidad de nuevas reformas que aborden la desigualdad, la pobreza y el desarrollo en las zonas rurales.
Petro quiere recaudar 50.000 millones de pesos (US$10.700 millones) para inversión pública y hacer frente a la deuda fiscal. Propone bajar gradualmente la tasa del impuesto corporativo en 5 puntos porcentuales al 30% y subir los impuestos a los 4.000 colombianos más ricos.
“Hay demasiados impuestos sobre las empresas y no sobre las personas, y abordar el tema del IRPF es fundamental si queremos que el sistema sea más progresivo”, dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en una entrevista reciente con el Financial Times.
Sorprendentemente, solo el 5% de la población activa paga impuestos sobre la renta. Las altas tasas de trabajo informal y la evasión de impuestos han creado déficits sustanciales de ingresos en Colombia.
Pero el gobierno entrante quiere ir más allá: una parte esencial del plan es una gran reforma de la agricultura y la propiedad de la tierra en un país con una historia complicada de propiedad de la tierra y violencia.
En efecto según el Instituto de Geografía Agustín Codazzi, el 28% del territorio colombiano sigue siendo improductivo, y el país importa el 30% de sus necesidades alimentarias, maíz, arroz, frijol y papa. La reforma pretende gravar a los grandes terratenientes que no utilicen sus tierras en todo su potencial.
“Éramos autosuficientes en alimentos. ¿Cómo es posible que ahora estemos importando frijoles de China? Eso es una clara señal de abandono”, dijo la ministra de agricultura entrante, Cecilia López, en una entrevista con el diario español El País. “Los agricultores fueron abandonados porque nuestra economía se centró en desarrollar grandes industrias”.
Al mismo tiempo, el 36% del territorio colombiano está siendo sobreexplotado. “Esos territorios tienen un riesgo sustancial de degradación. Hay bosques que se deben proteger y la presencia de ganado es un delito ambiental”, dijo a principios de este año Juan Antonio Neto Escalante, director del Instituto de Geografía Agustín Codazzi.
El desarrollo de las regiones rurales de Colombia también es esencial para la paz en el país: un paso crucial es cumplir el primer acuerdo del tratado de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, una reforma rural integral.
Petro también pretende iniciar la transición de Colombia hacia la energía verde. Ha prometido prohibir la minería a cielo abierto, cancelar los proyectos piloto de fracking y detener cualquier exploración adicional de gas y petróleo.
El carbón, el petróleo y la cocaína representan la mitad de las exportaciones de Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. La creciente demanda de carbón y petróleo debido a la situación energética en Europa está ayudando a la economía del país. Los ingresos ayudan a estabilizar la deuda fiscal y contribuyen a cumplir con sus obligaciones de deuda internacional.
El año pasado, sin embargo, el país perdió su calificación de inversión y el peso colombiano ha perdido terreno de manera sostenida frente al dólar estadounidense. Desde su elección, Petro ha tratado de construir una coalición de base amplia en el Congreso al involucrar a algunos aliados poco probables del Partido Liberal y el Partido de Unidad Nacional, fundado por el expresidente dos veces conservador, Álvaro Uribe Vélez.
Una mayoría legislativa podría apoyar reformas estructurales, pero en el lado opuesto lo desafiarán los colombianos ricos, los grandes terratenientes y las empresas del sector energético, una disputa dificilísima que probablemente absorberá dos años de debate. Y mientras tanto tiene que mantener viva la promesa de una Colombia reformada con la barriga y los bolsillos llenos.