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El gobierno saliente de Italia aprobó el jueves (4 de agosto) un decreto para reformar el sistema de justicia penal notoriamente lento del país, según funcionarios del gobierno, allanando el camino para la finalización de una reforma más amplia necesaria para mantener el flujo de fondos de la Unión Europea.
Se considera que los retrasos en los casos judiciales disuaden la inversión extranjera, socavan la confianza en el sistema legal y son un gran obstáculo para el crecimiento de la tercera economía más grande de la eurozona.
La Comisión Europea condicionó parte de sus 200.000 millones de euros de fondos de recuperación de la pandemia para Italia a reducir la duración de los juicios en un 25 % durante cinco años en casos penales y en un 40 % en casos civiles.
La reforma, probablemente la más controvertida del mandato de 18 meses del primer ministro Mario Draghi, propone desechar los juicios sin emitir un veredicto si se prolongan más allá del tiempo establecido.
Los críticos dicen que permitirá que miles de delincuentes escapen de la justicia, pero la ministra de Justicia, Marta Cartabia, señala que la reforma también prevé la contratación de 15.000 empleados para aligerar la carga de trabajo de los jueces, simplifica algunos procedimientos y fomenta la negociación de culpabilidad para evitar que los casos lleguen a los tribunales.
Los decretos para reformar los sistemas de justicia penal y civil pasarán a comisiones parlamentarias que podrán proponer posibles modificaciones. La reforma debe entrar en vigor a finales de este año para liberar fondos europeos.
El gobierno saliente de Draghi ha hecho de la reforma judicial parte del negocio que llevará a cabo hasta el nombramiento de un nuevo gabinete tras las elecciones del 25 de septiembre.
