Partes de Perú bajo estado de emergencia, derechos básicos suspendidos
El Gobierno peruano de la presidenta Dina Boluarte ha declarado el estado de emergencia en varias zonas del país sudamericano tras más de un mes de malestar social.
La medida rige a partir del 15 de enero en los Departamentos de Puno, Cusco, Lima, en la provincia Constitucional del Callao, en la provincia de Andahuaylas en el Departamento de Apurímac, en las provincias de Tambopata y Tahuamanu en el departamento de Madre de Dios , y en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto en el departamento de Moquegua, se anunció.
“La Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”, dijo el gobierno en un comunicado.
Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte y la liberación del expresidente Pedro Castillo Terrones, encarcelado tras ser acusado de intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto.
La nueva medida significa la suspensión de ciertos derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y reunión, además de un toque de queda por 10 días a partir del 15 de enero en el departamento de Puno de 20:00 horas a 04:00 horas.
El estado de emergencia también alcanza a las carreteras de la Red Vial Nacional: Panamericana Sur, Panamericana Norte, Carretera Central, Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa y Corredor Vial Interoceánica Sur.
Las protestas han ido en aumento desde el 10 de diciembre exigiendo la salida de Boluarte del cargo y la convocatoria de nuevas elecciones, así como una asamblea constituyente. Se han reportado al menos 48 víctimas mortales desde el inicio de los disturbios sociales.
”Como parte de la declaratoria de emergencia en estas partes del país, quedan suspendidos los derechos relacionados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión, y la libertad y seguridad personal”, explicó el Ministerio del Interior.
Al finalizar el estado de emergencia, la PNP deberá entregar un informe detallado al ministro del Interior, Vicente Romero, en un plazo de cinco días hábiles sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante este período.