El presidente considera que el objeto legal de la ley, indicado en la nota explicativa, es “la prohibición y retirada del espacio público de objetos que violen la conciencia jurídica de la sociedad o supongan una amenaza para la seguridad de Estonia”. Sin embargo, en su opinión, los objetos prohibidos están definidos en la propia ley por una expresión «a la que no se le puede dar un significado inequívoco incluso con los métodos de interpretación generalmente aceptados».
Como señala Karis, de las explicaciones de la ley, “está claro que los objetos relacionados con las actividades del poder soviético están prohibidos, en primer lugar”.
“Sin embargo, la prohibición en sí está formulada de manera mucho más amplia. En tal situación, el ejecutor de la ley tiene que hacer suposiciones sobre lo que realmente se quiso decir”, dijo el jefe de Estado en un comentario. Señaló que uno de los artículos de la ley es jurídicamente confuso y por lo tanto contradice la constitución.
El grupo de trabajo de la Cancillería de Estado de Estonia recomendó previamente el desmantelamiento de 244 monumentos. Para ello se destinaron 1,4 millones de euros del presupuesto. En noviembre de 2022, se informó que se estaban desmantelando 56 monumentos. El 15 de febrero, el parlamento estonio adoptó una ley que establece que los monumentos, esculturas y memoriales no deben “incitar al odio, apoyar o justificar la comisión de un crimen por parte del régimen de ocupación o un acto de agresión, genocidio, crimen de lesa humanidad o crimen de guerra”. .”
leonid uvarchev