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CIDH habla de ejecuciones extrajudiciales y masacre en Perú
La presidenta Dina Boluarte insistió en negar cualquier responsabilidad en la muerte de los manifestantes
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó esta semana un informe en el que menciona ejecuciones extrajudiciales en Perú y utiliza la palabra “masacre” en referencia a la represión policial contra manifestantes tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre.
El organismo exige que se castigue a los responsables y sugiere que las investigaciones deben tener “un enfoque étnico-racial” ya que la mayoría de las víctimas eran indígenas y campesinos de las zonas andinas. ”La respuesta del Estado (a las protestas) se caracterizó por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”, señala el informe.
La CIDH denuncia disparos por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes y contra personas que no participaban en las manifestaciones, incluso contra brigadistas de salud que atendían a heridos, lo que ”podría constituir ejecuciones extrajudiciales”.
Este informe también precisa que las protestas y la represión se han producido ”en un contexto marcado de discriminación histórica por origen étnico-racial y situación socioeconómica”, fundamentalmente contra la población indígena, y en un marco de “fuerte tensión” entre Lima y otras regiones, especialmente las de la región andina sur.
El documento denuncia una campaña de estigmatización al acusar a los movilizados contra el gobierno de ser “terroristas” y “violentos”. Estigmatización extendida a quienes denuncian violaciones a los derechos humanos.
Desde que estallaron las protestas tras la destitución y encarcelamiento de Castillo, 49 personas han muerto a tiros de la policía y el ejército. El total de muertos en las protestas es de 67. Hay más de mil heridos y numerosas detenciones arbitrarias.
El informe de la CIDH se centra en la matanza de 10 personas el 15 de diciembre en Ayacucho y el 9 de enero de 18 manifestantes en Juliaca. La CIDH admite que hubo actos de violencia por parte de algunos manifestantes que intentaron tomar los aeropuertos de ambas localidades, pero denuncia que se realizaron disparos contra vecinos desarmados alejados de los aeropuertos, por lo que se trató de una acción “de carácter persecutorio”.
El informe también sugiere que se dispararon tiros para matar, apuntando a «órganos vitales». Las víctimas recibieron disparos en la cabeza, el tórax, el abdomen o la espalda, según confirmaron las autopsias. ”Estos actos, cuando son perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, denuncia la CIDH. La CIDH agrega que estas ”privaciones múltiples del derecho a la vida” podrían calificarse como ”masacre”.
Se revisan testimonios de familiares de víctimas que han resultado heridas por la represión, denunciando que son discriminados en los centros de salud por haber participado en las protestas y por ser indígenas.
”La Comisión condena enérgicamente el uso indiscriminado de la fuerza mediante armas de fuego contra la población desarmada por parte de agentes del Estado peruano”, dice el informe de la CIDH. Entre sus recomendaciones exige reparaciones integrales para las víctimas y sus familias, incluyendo el acceso a la justicia y el derecho a la verdad, la atención a su salud física y mental, y reparaciones pecuniarias. La organización exige una investigación “pronta, seria, eficaz e independiente” por parte de fiscales especializados en derechos humanos, juicios con jueces independientes y sanción de los culpables.
La presidenta Dina Boluarte respondió que su gobierno respeta los derechos humanos y promueve el diálogo y la paz social e insistió en negar cualquier responsabilidad por las muertes a causa de la represión y volvió a atribuir las muertes a los manifestantes.
”Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de ‘masacre’”, dijo.
Mientras tanto, Amnistía Internacional (AI) ha pedido a Canadá que deje de exportar armas de fuego a Perú a la luz de la “represión violenta” de las protestas por parte de las autoridades peruanas. Un informe de la organización concluyó que las fuerzas armadas y la policía peruana han utilizado “fuerza letal ilegítima y en ocasiones indiscriminada y medios menos letales contra los manifestantes, especialmente contra los indígenas y los campesinos y agricultores”.
“A menos que suspenda de inmediato las exportaciones de armas a Perú, Canadá corre el riesgo de facilitar más ataques mortíferos y racistas contra los manifestantes y sus derechos a la libertad de expresión y reunión”, dijo en un comunicado la directora ejecutiva de AI en Perú, Marina Navarro.
“Continuar vendiendo armas a Perú genera preocupaciones sobre el cumplimiento de Canadá con sus obligaciones nacionales e internacionales de derechos humanos”, agregó.
