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Represión en Nicaragua al alza
Cualquiera que critique al gobierno de Ortega puede ser detenido por traición a la patria
El régimen nicaragüense del presidente Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo ordenaron nuevas detenciones de periodistas y activistas por “traición a la patria”, se informó esta semana. El poder judicial del país también prohibió ejercer a un grupo de 25 abogados y notarios públicos porque fueron despojados de su ciudadanía nicaragüense.
Desde 2018 todos aquellos que publican opiniones contrarias al agrado de Ortega han sido hostigados o detenidos. El 3 de mayo, unos 57 ciudadanos fueron detenidos tras ser seguidos hasta sus domicilios y amenazados.
“Llegaron a mi casa cinco policías buscándome para decirme que no esté publicando cosas en mis redes, que la próxima vez que lo haga me van a buscar y me ponen a la orden del Ministerio Público”, un nicaragüense dijo el periodista a EFE.
Una de las víctimas explicó que los policías le dijeron que ella formaba parte de una lista elaborada por militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que rastrean los perfiles web de los “haters” de Ortega en cada uno de los 153 municipios de Nicaragua.
“Llegaron a mi casa y hasta me sacaron fotos”, aseguró un ingeniero agrónomo que sufrió hostigamiento policial luego de pedir al Estado a través de las redes sociales que garantice el agua potable en su ciudad durante el verano, cuando las temperaturas alcanzan los 49 grados centígrados.
Cinco organizaciones de derechos humanos, entre ellas Raza e Igualdad, condenaron la ola de violencia de las fuerzas de seguridad,
En tanto, 25 abogados opositores fueron despojados de sus títulos de abogado, entre ellos el escritor Sergio Ramírez Mercado, la defensora de derechos humanos Vilma Núñez y hasta el padrino de boda de la pareja presidencial, el exmagistrado Rafael Solís. Habían sido condenados en rebeldía por delitos políticos, como “traición a la patria”, y la familia Ortega-Murillo también los había despojado de su nacionalidad nicaragüense, sus bienes fueron confiscados y exiliados. Quince de las 25 personas incluidas en la medida forman parte del grupo de 222 presos políticos que fueron exiliados a Estados Unidos en febrero pasado.
El Poder Judicial emitió este 11 de mayo dos resoluciones invocando al Consejo Nacional de la Administración y la Carrera Judicial y su “competencia para organizar y dirigir el procedimiento de incorporación y otorgamiento de los títulos de abogados y escribanos públicos, así como para autorizar y suspender el ejercicio de la profesión” por ser traidores a la patria.
Dos días antes, el Poder Judicial Sandinista impuso la misma medida a Yonarqui Martínez, defensora de los presos políticos.
El abogado Héctor Mairena, uno de los despojados de su título de abogado, dijo a EL PAÍS que la decisión muestra una saña. “Evidencia la voluntad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de aniquilarnos civilmente. Ya estábamos aniquilados económicamente cuando nos quitaron las pensiones a varios de los que éramos jubilados… y ahora nos quieren aniquilar profesionalmente”, dijo.
Mairena, integrante del movimiento UNAMOS (antes Movimiento Renovador Sandinista), indicó que el “menú de la dictadura es variado pero también muestra que se está acabando”. Según él, dentro del “menú de la represión está la prisión, el destierro y ahora el despojo de la profesión”.
El poder judicial sostiene que “se les impusieron las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, para ejercer funciones públicas en nombre y servicio del Estado de Nicaragua, así como para ejercer cargos de elección popular y la pérdida de su derechos de ciudadanía a perpetuidad, así como la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, en consecuencia, de conformidad con el ordenamiento jurídico nicaragüense y las normas que rigen la profesión de abogado y notario público, estas personas no pueden ostentar el título, ni ejercer la profesión de abogado y notario público , ya que perdieron el derecho a ejercer tal profesión, en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense”.
