PyE
Bolivia firma protocolo judicial con misión de la ONU
El documento ayudará a garantizar el debido proceso y el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, explicó Lima
Autoridades bolivianas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmaron este lunes un “protocolo para la observación de procesos judiciales”, que también se aplicará a los casos contra la expresidenta Jeanine Áñez, se anunció.
“Hay procedimientos judiciales que son muy importantes para el desarrollo de nuestra democracia y queremos estar seguros de que se está cumpliendo con el debido proceso y los derechos humanos fundamentales”, explicó el ministro de Justicia, Iván Lima, durante una conferencia de prensa.
El documento prevé una misión de la ONU para dar seguimiento a casos de crímenes de lesa humanidad como los vinculados a la crisis sociopolítica de 2019-2020; causas contra miembros del Poder Judicial y del Tribunal Electoral; Entidades de creación Constitucional; el poder Ejecutivo; feminicidios, violencia de género y casos que involucren a la población LGBTIQ+ y casos con grave impacto en el respeto, protección y promoción de los derechos humanos.
Lima también dijo que con la firma del protocolo habrá “un documento que nos permita regular todo lo que va a ser observatorio de todos los procesos judiciales que existen en el país”.
El documento fue firmado por Lima en representación del Gobierno de Bolivia y Antonio Menéndez de Zubillaga, jefe de la Misión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El protocolo es fruto de una visita al país del Relator Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, quien culminó su viaje el lunes y llevó a la sede de la ONU en Ginebra todos los datos que pudo recabar, incluidas muchas denuncias. sobre la injerencia política en el poder judicial del país, además de los reclamos de decenas de familiares de víctimas de feminicidio.
El informe de García-Sayán debe presentarse ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio, luego de que el propio García Sayán decidiera acortar el plazo de 2023, se informó.
En casos recientes, delincuentes condenados por feminicidio y violación han sido liberados a cambio de dinero y “una botella de whisky”, según informes de prensa.
