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El frente legal de Evo llega a Argentina
Del Castillo dijo que Bolivia estará atenta a cualquier requerimiento que llegue desde Buenos Aires
Las autoridades argentinas presentaron una denuncia penal contra el expresidente boliviano Evo Morales por la presunta violación y trata de personas de cuatro adolescentes mientras se encontraba asilado en el país, anunció durante el fin de semana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Morales será procesado por presuntamente “cometer delitos de trata de personas y abuso sexual”, explicó Bullrich.
“Al caso por abuso a menores que ya está abierto en Bolivia se suma algo aún más aberrante: el expresidente socialista boliviano está acusado de haber convivido con cuatro adolescentes durante el asilo político que le dio el kirchnerismo”, agregó.
“El peor de los crímenes, en nuestro suelo. Por eso, hace 15 días presentamos una denuncia por presunta comisión de los delitos de trata de personas y abuso sexual”, señaló también el ministro sobre un expediente judicial que se suma al anterior de la ONG Fundación Apolo que preside el diputado bonaerense Yamil. Santoro.
“Hace quince días recibimos en el Ministerio de Seguridad una denuncia de un particular sobre la conducta de Evo Morales y lo procesamos, entonces esta denuncia lleva 15 días dando vueltas. No le dimos publicidad por los niveles de violencia que había en este momento en Bolivia, nos pareció que no era procedente, ni la justicia le dio publicidad”, argumentó Bulllrich.
Se dice que Morales convivió con menores durante su estancia en Argentina entre 2019 y 2020. Las víctimas supuestamente fueron traídas desde Bolivia para realizar tareas domésticas.
Angélica Ponce, ex amiga de Morales, dijo que vio a un grupo de menores cumpliendo roles que calificó de “serviles” en la residencia pagada por el gobierno de Alberto Fernández. Según Ponce, el líder indígena también recibió “niñas como regalo”. Incluso mencionó que Morales habló abiertamente al respecto.
Morales también está bajo investigación por el presunto abuso sexual y trata de una niña de 15 años de Yacuiba, Tarija, quien se cree que viajó repetidamente entre México y Argentina con el consentimiento de sus padres. La Fiscalía de Bolivia inició una investigación el 26 de septiembre tras recibir un informe de inteligencia que señala que el exjefe de Estado habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que presuntamente tuvo una hija en 2015 cuando era todavía presidente. Los problemas legales del líder socialista son una de las razones detrás de los actuales bloqueos de carreteras y revueltas de sus seguidores que exigen que se desestimen estos casos y se permita a Evo presentarse a las elecciones presidenciales de 2025 a pesar de haber agotado el número de mandatos que puede ejercer según la Constitución. . Los Evistas temen que en cualquier momento se emita una orden de arresto contra Morales y posteriormente se enfrentaron con la policía y tomaron tres cuarteles militares, manteniendo como rehenes a unos 200 soldados y muchos civiles. La semana pasada, la fiscal boliviana Sandra Gutiérrez dijo que tenía suficientes “pruebas materiales” para solicitar la detención de Morales, pero hasta el momento no ha avanzado con ello.
En este escenario, el ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Eduardo del Castillo, insistió el domingo en que se cumplirá la ley respecto de Morales. De ahí que el gobierno del presidente Luis Arce Catacora estaría atento a cualquier requerimiento que pudiera llegar desde Buenos Aires. “Si hay una alerta migratoria y llega a la Dirección General de Migraciones será la instancia que deberá cumplir con lo que determine la justicia, así como la policía está cumpliendo con las leyes, nosotros cumpliremos con la Ley y las direcciones cumplir con las leyes”, dijo del Castillo.
El viernes, Morales inició una huelga de hambre para persuadir a Arce de buscar canales de diálogo para resolver la crisis actual. Durante su programa de radio del domingo, insistió en que el caso en su contra era “una operación estadounidense”, que también describió como un “Plan Cóndor de lawfare”. Morales también agradeció al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por prestarle los dos vehículos que utiliza para desplazarse.
