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Expresidente salvadoreño condenado en rebeldía
Funes tiene ciudadanía nicaragüense desde 2019
Un tribunal salvadoreño condenó este lunes al expresidente Mauricio Funes (2009-2014) a 14 años de prisión por sus supuestas negociaciones con bandas criminales. Funes, actualmente radicado en Nicaragua, fue condenado a 8 años por agrupación ilícita y 6 años por incumplimiento del deber. Nicaragua le dio la ciudadanía en 2019.
El exministro de Justicia y Seguridad David Munguía Payés “recibió una sentencia de 18 años de prisión”, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en Twitter.
Funes, quien fue juzgado en rebeldía tras una reforma legal que lo permite, se convirtió en el segundo expresidente democrático salvadoreño en ser condenado. En 2018, el expresidente Tony Saca (2004-2009) fue condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable de desviar más de 300 millones de dólares de fondos estatales.
El general retirado Munguía Payés fue declarado culpable de los mismos cargos pero recibió 4 años adicionales de prisión por actos arbitrarios. Munguía Payes dijo tras la sentencia que el juicio estuvo lleno de irregularidades. “Me considero un preso político, por solo haberme desempeñado como exministro del presidente Funes. Me acusan de una serie de acusaciones que no tienen fundamento”, dijo.
Entre 2012 y 2014, la Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras pandillas minoritarias mantuvieron un armisticio para reducir las cifras de homicidios respaldado por el gobierno de Funes. Según la fiscalía, esta tregua implicaba favores para estas pandillas, como beneficios penitenciarios para los líderes encarcelados, inversión pública en las comunidades bajo su control y una menor presencia de las fuerzas de seguridad en barrios específicos.
En 2016, Funes negó que su gobierno haya otorgado prebendas a líderes pandilleros encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios. Sin embargo, en el juicio contra los llamados operadores de tregua, el general retirado Munguía Payés, declaró como testigo y cambió la versión oficial al afirmar que el armisticio fue una política de “pacificación”. En junio de 2019, un tribunal antimafia condenó a siete operadores de la controvertida tregua entre bandas a entre dos y tres años de prisión.
El actual presidente Nayib Bukele ha sido acusado de participar en el mismo tipo de hechos. Presuntamente, los líderes de pandillas encarcelados recibieron privilegios a cambio de frenar los asesinatos y brindar apoyo político al partido de Bukele. El exfiscal general Raúl Melara había dicho que investigaría las denuncias, pero fue destituido antes de que pudiera hacerlo. La tregua se rompió cuando las pandillas mataron a 62 personas en un solo día en marzo de 2022. Actualmente, Bukele libra una guerra total contra las pandillas.
