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Gobierno colombiano pone en la mira el mercado de mercenarios
Las potencias extranjeras reclutan a militares colombianos y “los llevan a guerras que no tienen nada que ver con ellos ni con nosotros”, subrayó Murillo
El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, presentó este miércoles ante el Congreso un proyecto de ley para legislar contra la creación, financiación y entrenamiento de grupos mercenarios en el país. La iniciativa tuvo en cuenta la participación de 26 ciudadanos colombianos en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, entre otros hechos sonados.
El gobierno izquierdista del presidente Gustavo Petro busca así establecer “reglas claras” contra el reclutamiento y financiamiento local de mercenarios, tipificando estas actividades como delitos punibles.
“Lo que buscamos es un marco claro que prohíba estas actividades en Colombia. No se debe permitir ni el entrenamiento ni la financiación de personas que puedan ser reclutadas como mercenarios en conflictos extranjeros”, afirmó Murillo.
“Hemos visto cómo redes internacionales llegan a nuestro país y reclutan a individuos con entrenamiento militar, que terminan firmando contratos peligrosos y combatiendo en ejércitos extranjeros”, explicó. Por ello, el gobierno necesita herramientas efectivas para combatir estas actividades y proteger a los ciudadanos vulnerables.
El ministro explicó también que algunas personas que quisieron desvincularse de estos mecanismos terminaron dándose cuenta de que habían caído en una trampa. “Conocemos de familias que están preocupadas por la suerte de sus seres queridos caídos en combate o desaparecidos. Hasta ahora, el Gobierno no ha tenido los mecanismos adecuados para manejar estas situaciones”, subrayó Murillo. Los militares colombianos retirados se han visto involucrados en la guerra en curso entre Rusia y Ucrania, señaló también Murillo. “Hemos tratado de hacer reclamos a través de la Cancillería y las embajadas, pero la falta de instrumentos sólidos nos ha impedido actuar con la contundencia necesaria”, detalló.
El proyecto de Murillo busca aprobar la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, de las Naciones Unidas, del 4 de diciembre de 1989. “Necesitamos herramientas para enfrentar a las organizaciones que instrumentalizan a personas muy educadas, muy entrenadas en cuestiones militares y de seguridad, las reclutan y las llevan a guerras que no tienen nada que ver con esas personas ni con nosotros”, enfatizó.
De aprobarse, el proyecto permitiría a Colombia criminalizar, juzgar y extraditar, de ser necesario, a estos mercenarios, así como crear delitos específicos para los actos cometidos por estas personas para combatir dichas actividades y adoptar medidas públicas en consecuencia.
