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La Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI dictaminó que Mongolia había incumplido así sus obligaciones de cooperar con la corte, lo que era contrario a las disposiciones del Estatuto de Roma. El documento, del que cita RIA Novosti un fragmento, señala que todos los países que reconocen la jurisdicción de la CPI están obligados a arrestar a las personas contra las cuales se ha emitido una orden internacional, independientemente de su estatus y ciudadanía.
