Líder opositor boliviano arrestado en operativo relámpago y enviado a La Paz
La policía boliviana detuvo al destacado líder opositor y gobernador de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El ministro del Interior, Eduardo del Castillo, confirmó el miércoles la detención de Camacho en Twitter y dijo que daría más información más adelante.
Más tarde, publicó una foto de Camacho diciendo que no resultó herido durante su detención pero que estaba siendo examinado por personal médico.
Las imágenes del incidente, compartidas en las redes sociales, muestran a Camacho esposado al borde de la carretera mientras está rodeado por agentes de la ley armados.
Martín Camacho, abogado del gobernador, dijo al diario local El Deber que su cliente estaba siendo llevado a la capital de La Paz para responder preguntas en los casos abiertos en su contra.
Decenas de simpatizantes de Camacho acudieron en masa a los dos aeropuertos de Santa Cruz, exigiendo su libertad. El gobierno de Santa Cruz calificó la detención de Camacho como un “secuestro”.
“El operativo de secuestro del gobernador se realizó en calles cercanas a su domicilio, cuando regresaba de sus funciones”, dijo el gobierno de Santa Cruz.
“En estos momentos se desconoce el paradero del gobernador”.
Las autoridades no han dicho por qué Camacho fue detenido, pero recientemente ayudó a liderar semanas de protestas contra la administración del presidente Luis Arce. Los manifestantes exigieron un censo para aumentar la representación en la legislatura nacional y el acceso a fondos estatales para el bastión de la oposición de Santa Cruz.
Si bien se programó un censo para 2024, los manifestantes pidieron que se realice el próximo año para reflejar con precisión el crecimiento económico y de población de Santa Cruz en la legislatura.
Camacho también fue una figura destacada en las grandes protestas de 2019 que resultaron en la destitución del presidente Evo Morales después de que la Organización de los Estados Americanos considerara que las elecciones eran fraudulentas.
Las protestas provocaron malestar social y se saldaron con 37 muertos, lo que condujo a la crisis institucional más grave de Bolivia en los últimos años.