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ONU acuerda investigar presuntas violaciones de derechos humanos en Nicaragua
Las delegaciones que votaron en contra de la resolución alegaron que representaba una injerencia en los asuntos internos de Nicaragua
Con 20 votos a favor y 7 votos en contra, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas acordó iniciar una investigación para determinar si hubo una violación a los derechos humanos en Nicaragua.
Los que se opusieron a la investigación fueron Venezuela, Rusia, Honduras, Eritrea, Cuba, China y Bolivia. También hubo 20 abstenciones. La resolución había sido propuesta por Ecuador, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú, y fue patrocinada por casi cincuenta gobiernos.
El CDHNU autoriza la creación de un grupo de expertos para examinar durante el próximo año los supuestos abusos a los derechos humanos cometidos por el régimen de Daniel Ortega.
Se establecerá un grupo integrado por tres expertos para “realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre todos los presuntos abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018”, fecha del inicio de las protestas sociales.
El grupo tendrá un mandato inicial de un año y su misión será similar a la aprobada en 2019 para Venezuela a través de otra resolución del Consejo de Derechos Humanos, lo que lo convierte en el segundo mecanismo de investigación de este tipo para los países de América Latina.
El texto también denuncia un “retroceso democrático” en Nicaragua a todos los niveles y subraya las irregularidades y detenciones arbitrarias de opositores de cara a las elecciones del 7 de noviembre de 2021 que ratificaron la continuidad de Ortega.
El equipo de investigación “recopilará, preservará y analizará información y pruebas” sobre estas presuntas violaciones de derechos humanos, “identificando a los responsables”.
El documento expresa la preocupación del organismo por “el deterioro de la democracia y la situación de los derechos humanos en Nicaragua”, donde se ha producido “un aumento de las restricciones al espacio democrático y la represión a la disidencia”.
Esta represión incluye “actos de intimidación, hostigamiento y vigilancia ilegal o arbitraria de los defensores de derechos humanos”, subraya el texto. También deplora la falta de rendición de cuentas por estos hechos desde 2018, así como la prohibición de manifestaciones pacíficas y juicios sin el debido proceso.
El documento llama a las autoridades nicaragüenses a cesar las detenciones arbitrarias e intimidaciones, la liberación inmediata de los detenidos injustamente, y también a investigar los casos de hostigamiento a líderes políticos, periodistas, activistas y otros críticos del gobierno de Ortega.
También lamenta la muerte del preso político Hugo Torres, histórico exguerrillero sandinista fallecido el 12 de febrero tras ocho meses de detención “en condiciones indignantes”.
El CDHNU expresó particularmente su preocupación por las violaciones de los derechos civiles y políticos en el contexto de las elecciones del año pasado y lamenta “el fracaso del gobierno de Nicaragua en implementar reformas electorales e institucionales que garanticen elecciones libres y justas”.
Las delegaciones que votaron en contra de la resolución alegaron que representaba una injerencia en los asuntos internos de Nicaragua con “motivaciones políticas”.
