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Reporteros nicaragüenses detenidos por 90 días
“Ortega, el mismo que recibió a la Madre Teresa en la década de 1980, es quien expulsó a su congregación religiosa del país”, afirman grupos de derechos humanos
Un juez de Nicaragua dictaminó que dos trabajadores del diario La Prensa pasarán 90 días en prisión preventiva tras ser detenidos por informar sobre la expulsión del país de monjas pertenecientes a la Congregación de Madre Teresa.
Los periodistas se encuentran recluidos en celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), informó el diario. “La Prensa exige respeto a la ley, la liberación de los detenidos y el cese de la persecución al personal del diario que sólo está haciendo su trabajo, sin cometer ningún delito”, afirmó.
La Prensa dijo que la medida responde a la cobertura de la expulsión a Costa Rica de monjas de la orden Misioneras de la Caridad decretada el miércoles pasado por el Gobierno de Daniel Ortega, que calificó a la Iglesia católica nicaragüense de “opositora y golpista”. líder.» En marzo pasado el gobierno de Nicaragua expulsó al Nuncio Waldemar Sommertag. Entre mayo y junio, las autoridades también cerraron dos canales de televisión católicos.
Mientras tanto, todos los bienes que pertenecían a las ONG prohibidas por el régimen de Ortega -a saber, Operación Sonrisa, Centro Humboldt, Puntos de Encuentro, La Corriente, Cantera, CEPS y ANIA- han sido incautados por funcionarios del gobierno, según un informe de Confidencial.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en abril una ley que endurece el control del Gobierno sobre las ONG después de que en los últimos meses el Ejecutivo de Daniel Ortega ordenara el cierre de organizaciones independientes por supuestas irregularidades formales. Se han ilegalizado un total de 858 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), de más de 6.000.
“Ortega, el mismo que recibió a la Madre Teresa de Calcuta en la década de 1980, es quien expulsó del país a su congregación religiosa”, denunció el independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Twitter. Según el Cenidh, las monjas fueron deportadas como si fueran “criminales”.
La organización religiosa fue anulada la semana pasada por el Parlamento, controlado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), junto a un centenar de otras ONG, por incumplir la ley al no informar sus estados financieros ni explicar el origen de los donaciones que reciben.
El Cenidh insistió en que las autoridades habían violado “el honor y la reputación” de las monjas “al afirmar que no estaban acreditadas” y “trabajaban ilegalmente en Nicaragua”.
De acuerdo a La Prensalas monjas, de varias nacionalidades, partieron de Nicaragua rumbo a Costa Rica por tierra.
“La Corriente denuncia ante la ciudadanía nicaragüense y la comunidad internacional que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acaba de culminar hoy, 8 de julio, el despojo del local propiedad de nuestra asociación”, señaló la organización en un comunicado público. “Claramente la cancelación de nuestra personalidad jurídica y la incautación de nuestras instalaciones es un acto ilegal que viola la libertad sindical contenida en la Constitución”, dijo La Corriente, que durante casi 30 años defendió los derechos de las mujeres y promovió “los valores democráticos”.
Organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) o la Fundación Popol Na, corrieron la misma suerte tras ser ilegalizadas y sus oficinas pasar a dominio estatal sin previo aviso.
Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica desde abril de 2018, con manifestaciones masivas contra el régimen de Ortega que fueron controladas por ataques armados que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejaron al menos 355 muertos, de los cuales la dirección sandinista reconoce sólo 200. La situación empeoró con las elecciones de noviembre pasado, en las que resultaron reelegidos Ortega y Murillo, con siete de sus potenciales opositores en la cárcel y dos en el exilio.
